La Paz, 21 de mayo de 2020
Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo, a través de una verificación, identificó la vulneración de derechos de más de 1.600 personas adultas mayores que se encuentran en 28 centros de acogida, quienes enfrentan limitaciones para acceder a alimentos, medicamentos, atención interdisciplinaria y otras necesidades básicas, debido a que, por la cuarentena dispuesta por el Gobierno, se les dificulta el cobro de la Renta Dignidad, jubilación y el bono Canasta Familiar.
Esta situación, indicó la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, deriva en la vulneración de los derechos a la salud, a la vida y a la alimentación, debido a que estas personas se encuentran con un cuadro de ansiedad y preocupación ante la incertidumbre de no saber hasta cuándo puedan hacer los cobros respectivos; no tienen una alimentación adecuada porque ésta es reducida y dependería de donativos. De igual manera, apuntó, el acceso a medicamentos y a la atención integral e interdisciplinaria en centros privados y mixtos, está condicionada al cobro de esos beneficios económicos.
La verificación defensorial abarcó a 28 centros de acogida públicos, privados y de administración mixta, ubicados en 16 municipios de los nueve departamentos. Los resultados de este trabajo están plasmados en el informe “Vulneración de Derechos en Centros de Acogida de Larga Estadía para Personas Adultas Mayores durante la Cuarentena declarada por el COVID-19”.
De acuerdo a la verificación, se identificó que en 20 de los 28 centros de acogida, las personas adultas mayores no cobraron la Renta Dignidad, jubilación y el bono Canasta Familiar; y que sólo en 14 se otorga atención integral e interdisciplinaria; asimismo, se evidenció la falta de apoyo con medicamentos básicos; equipos de bioseguridad, guantes, barbijos, botas; material de limpieza (lavandina, desinfectante de pisos, detergente, bolsas nylon); sillas de ruedas; pañales para las personas adultas mayores; acciones en cuanto a los servicios básicos de luz, agua y gas (condonación del pago del servicio); servicios de personal multidisciplinario.
En cuanto a la dotación de insumos de bioseguridad para la prevención del COVID-10, se identificó que en 10 centros dotan de barbijos a las personas adultas mayores y en dos, cuando se identifica síntomas de resfrió; en 11 no cuentan con un área específica de aislamiento adaptada para pacientes sospechosos y positivos del coronavirus, a diferencia de los otros 16 que sí cuentan con un espacio para ello.
Asimismo, se observó que el 82,1% de centros verificados no recibió ningún tipo de material de bioseguridad o de desinfección por parte de los gobiernos departamentales o municipales; en 8 centros el personal interdisciplinario (administradores, enfermeras, auxiliares, cuidadoras, médico, psicólogo, nutricionista, personal de cocina y de limpieza), no recibió ningún tipo de capacitación en cuanto a medidas de bioseguridad, el restante fue capacitado por el Servicio Departamental de Salud (SEDES) y Servicio Departamental de Gestión Social, SEDEGES o por un establecimiento de salud cercano; en 8 centros no cuentan con vehículos de apoyo para traslado de los residentes, del personal o la compra de alimentos o medicamentos.
Los centros de acogida que tendrían ciertas condiciones son aquellos que recibieron donativos de insumos alimenticios, médicos y de bioseguridad, siendo la mayoría de administración pública, donde la atención interdisciplinaria no ha sido suspendida gracias a que los SEDEGES cuentan con movilidades que permiten trasladar al personal.
La Defensoría del Pueblo emitió una resolución defensorial en la que se incluyen recomendaciones a los Ministerios de Justicia y Transparencia Institucional, Salud y Economía y Finanzas Públicas, así como a los gobiernos departamentales y municipales y a la Asamblea Legislativa Plurinacional, para que asuman acciones que reviertan esta situación.