La Paz, Agosto de 2021
Por: Gabriel Villalba Pérez / abogado y analista político
Más allá de la falacia de “fraude electoral” y la certeza de Golpe de Estado que la prensa hegemónica presenta como dos líneas discursivas confrontadas, como simplemente relatos o posiciones políticas; el Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), investigación desarrollada entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2019 evidencia la realidad fáctica de masacres, torturas, persecuciones, detenciones ilegales, racismo y graves violaciones a los derechos humanos fundamentales.
Los acontecimientos desarrollados en ese periodo de tiempo e investigados por el GIEI evidencian la ruptura del orden constitucional vigente. También la utilización excesiva de la fuerza por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas. La desprotección de la ciudanía al incumplir, la Policía y el Ejercito, su rol constitucional es un elemento verificado en el Informe con relación a ambas instituciones.
En el ámbito jurídico se recalca la promulgación del Decreto Supremo No. 4078 como un mecanismo para eximir de responsabilidad penal al personal de las Fuerzas Armadas sobre las graves violaciones a los derechos humanos fundamentales de las personas. Al respecto, desde el régimen de Añez a través de su ministro de gobierno, Arturo Murillo Prijic, se planteó la hipótesis asumida como verdad absoluta que la manifestación del 19 de noviembre en Senkata pretendía “hacer explotar la planta de gas”. La investigación del GIEI no encontró evidencias que respalden dicha hipótesis. Por lo que se comprueba el flagrante asesinato de 10 personas y de 78 heridos por armamento bélico (bala).
Otra hipótesis que el régimen de Añez reforzó comunicacionalmente fue lo acontecido en Sacaba el 15 de noviembre, argumentando que “la gente se disparó entre sí”. La investigación del GIEI determinó que se han comprobado ejecuciones sumarias en Sacaba; represión militar y policial además de violaciones a los derechos humanos con un saldo de 10 personas muertas.
Durante el periodo de tiempo investigado por el GIEI se constataron casos de violencia sexual, manoseos de carácter sexual y vejaciones por parte de agentes de la Policía. También casos de tortura tanto física como psicológica, vejámenes racistas, discriminación racial, humillaciones en función a rasgos fenotípicos asociados a la identidad indígena y tratos discriminatorios en los servicios de atención médica para los heridos de bala de las masacres.
El GIEI también identificó claramente a los grupos de choque, Resistencia Juvenil Cochala y Unión Juvenil Cruceñista como actores protagonistas de generación de violencia y ataques a personas, bienes públicos y privados en complicidad con la Policía. Estos grupos, indica el GIEI, asumieron tareas parapoliciales durante los motines policiales.
El derecho a la presunción de inocencia fue vulnerado, suscitaron detenciones ilegales, procesamientos y encarcelamientos a personas por sus publicaciones en redes sociales, por prestar auxilio a otras, por brindar asistencia médica, por su vestimenta, apariencia o rasgos faciales. Otro punto que enfatiza el GIEI es el uso de la biblia y de la religión durante los cabildos de los Comités Cívicos para justificar cierta causa divina de un movimiento en contra de Evo Morales, fomentando una idea anti indigenista.
El Informe del GIEI resalta la ruptura del orden constitucional, señalando claramente que no existía quorum reglamentario correspondiente en las cámaras legislativas, en el preciso momento que Jeanine Añez se autoproclama como presidenta. Los periodistas fueron seleccionados e identificados como “afines” al MAS y acusados de ser “masistas” vulnerando sus derechos humanos fundamentales, así como los inherentes a su oficio.
Todo el accionar estatal, a través de sus aparatos represivos, fue abusivo, violatorio de los derechos humanos fundamentales y fomentó la violencia entre bolivianos. Desconocer la verdad histórica de los hechos y la investigación realizada por el GIEI, como desde ciertas alianzas políticas se intenta hacer, es negar la justicia y reparación para esas 37 personas muertas y sus familias, para las más de 1000 personas heridas y las más de 1500 personas detenidas ilegalmente. Lo que se presenta como una confrontación de relatos o discursos antagónicos bajo una mirada estrictamente politiquera encierra una cuestión más profunda; la realidad de los hechos que se debe abordar desde la justicia y la reparación en el marco de una cuestión eminentemente de derechos humanos.