La Paz, Septiembre de 2021
La Razón
Por: César Navarro Miranda exministro, escritor con el corazón y la cabeza en la izquierda
El informe sobre las elecciones de 2019 de la Misión de Expertos Electorales de la Unión Europea ha compuesto una narrativa bajo la misma línea que la OEA, construyendo una configuración descriptiva de la coyuntura política en tres momentos: primero, empiezan por el periodo preelectoral, con tres ejes: 1) la “controversia sobre la candidatura de Morales”, “que ignoró los resultados del 21F” y la “polémica decisión del TCP sobre la sentencia constitucional que habilitó la reelección indefinida” —todas descritas en el orden gramatical que ellos construyeron en los informes y conferencias de prensa—; 2) la “‘oposición’ no pudo unirse en torno al único candidato”; y 3) “el imaginario temor —previo— que se cometiera fraude”. Con los tres puntos desarrollados observamos cómo, en la visión de los “observadores electorales”, lo que se antepuso —sobre un informe técnico— es una construcción política deliberada.
Inicialmente impusieron como causa de la crisis de octubre-noviembre de 2019 la reelección, pues como controvertida narrativa consideraron que “Morales es reacio a renunciar al poder”, es decir, implícitamente calificaron —y construyeron en la opinión pública— al Presidente como dictador. El otro elemento político es su —¿supuesta?— preocupación hacia la falta de capacidad de la oposición para tener una sola candidatura para enfrentar el proceso electoral; cerrando el escenario crítico preelectoral consideraron que existía ya la sensación, en la opinión pública, sobre la organización del fraude; finalizando en legitimar las movilizaciones violentas poselectorales.
Segundo, poselectoral: La protesta y la violencia fueron el acento que impuso la UE a los actores del conflicto para calificar a los sectores movilizados y políticos con la siguiente premisa: “Tras la decisión de interrumpir el TREP el 20 de octubre (…) se desencadenaron las protestas en todos los departamentos (…) las oficinas electorales de Sucre, Potosí, Beni, Pando y Santa Cruz fueron incendiadas. El MAS movilizó a sus militantes en protestas que se tornaron en violentas”. En cambio, sobre el rol de los dos principales candidatos, Mesa y Evo, se mencionó lo siguiente: “El 21 de octubre el candidato Mesa hizo un llamamiento a todos los partidos de oposición y a la sociedad civil para realizar protestas pacíficas”, “los movimientos campesinos a instancias del Presidente, los partidarios del MAS comenzaron a bloquear las rutas de abastecimiento a las principales ciudades”. El mensaje connotativo en la narrativa de la UE fue precisa en razón de dicotomizar a dos actores en bueno y malo —bajo las categorías de Smith de amigo-enemigo—, los actos de vandalismo y destrucción de los TED fueron de “protesta” (¿)legítima(?) porque se supone que defendían su voto frente al fraude; en cambio, la movilización de los sectores sociales que también defendieron su voto legítimo, y por ende al gobierno, la nombraron como “violenta”, es decir, ellos —la UE— cambiaron el sentido común de los movilizados y sus acciones para el imaginario nacional, incluso impusieron a Mesa con una aureola de defensa “pacífica” del voto y, por el contrario, a Evo lo colocaron como el responsable del desabastecimiento de las ciudades por el bloqueo de sus militantes. Y más narrativa (…).
Tercero, consecuentes con la línea política, el informe de la UE cierra su descripción en la organización del gobierno: “El 12 de noviembre, la vicepresidenta segunda del Senado, Jeanine Áñez, de la alianza de oposición Unidad Demócrata (UD), prestó juramento como presidenta”. Esta conclusión se desmorona por el informe del GIEI-CIDH, pues los expertos concluyen que: “Sin el quórum requerido, en el recinto de la Asamblea Legislativa, Áñez se declaró presidenta interina (…) el Jefe de la Casa Militar le impuso la Banda Presidencial”. La UE dice que la constitucionalidad del gobierno: “…estuvo apoyada por una resolución del Tribunal Constitucional, que se basaba en la jurisprudencia en la materia para fundamentar que la sucesión presidencial no requería de ninguna ley o resolución del Congreso, ya que ésta se produce ipso facto a fin de garantizar la inmediatez y la continuidad”.
Los expertos europeos emitieron conclusiones desconociendo, deliberadamente, la CPE, porque es en la Asamblea Legislativa el único espacio donde pueden tomar juramento la y el Presidente y la y el Vicepresidente (artículo 161 de la CPE); el TCP, de acuerdo al procedimiento constitucional, se pronuncia a través de autos, sentencias y declaraciones constitucionales, y no emite “resoluciones”.
Para la UE no hubo represión policial ni muertos el 11 de noviembre, con la finalidad de imponer la narrativa de la sucesión constitucional al gobierno de facto.