La Paz, 8 de julio de 2022
ABI
La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, le recordó este jueves a Jerjes Justiniano, abogado y hombre de confianza por 20 días de Jeanine Áñez, que las muertes de noviembre de 2019 no quedarán en la impunidad, como “pretende”.
Justiniano, que alega falta de recursos para acudir a la cita judicial en La Paz para declarar sobre el caso Golpe de Estado I, exige que el Ministerio Público corra con los gastos de traslado desde la ciudad de Santa Cruz, lugar de su residencia.
En 20 días como titular de la Presidencia de Áñez, Justiniano firmó el decreto de la muerte para allanar la represión armada a la población civil, intentó contratar millonarias consultorías internacionales en comunicación y continuó desde su cargo la defensa de agresores sexuales en un caso que sacudió a la sociedad boliviana.
Áñez echo del cargo al “influyente ministro”, tituló la alemana Deutsche Welle en enero de 2020, mientras que su titular de Gobierno, Arturo Murillo, lo vinculaba con hechos de corrupción.
La firma del “influyente ministro” está en el Decreto Supremo 4078, conocido como «decreto de la muerte», que permitió a policías y militares disparar contra manifestantes desarmados sin consecuencias penales. Durante la vigencia de la norma, abrogada luego por la presión internacional de derechos humanos, se ejecutaron las masacres de Sacaba y Senkata.
Prada le recordó a la exautoridad en sus redes sociales que las vidas que le fueron arrebatadas las familias bolivianas no quedarán en la impunidad como pretende y que ahora debe responder ante la justicia por los crímenes de lesa humanidad.
“Usted tiene manchadas las manos de sangre del pueblo boliviano”, señaló la titular de la Presidencia en alusión a las 38 muertes del régimen.
“Y me parece una sinvergüenzura extrema que hable de moral cuando el gobierno de facto del cual usted fue parte se caracterizó por corrupto, violador de los derechos humanos, saqueador de las arcas del Estado, pisoteador de la justicia y antidemocrático de principio a fin”.
Fue el primero de los ministros en ser alejado del flamante gabinete de Jeanine Áñez, quien lo sindicó de injerencia y amenazas y luego hechos de corrupción.
El régimen aseguró que Justiniano manipuló la justicia en el caso «La Manada», una brutal agresión sexual grupal a una joven menor de edad en el departamento de Santa Cruz.
“El poderoso exministro apareció involucrado esta semana en dos denuncias públicas: una de Danilo Romano, un viceministro de Comunicación que lo acusó de presionarlo para contratar a consultoras internacionales en comunicación, y otra de la fiscal Nancy Carrasco, que lo señaló de cometer injerencia en el caso judicial La Manada”, informaba en enero de 2020 un medio internacional.
Como abogado, defendió a contrabandistas, violadores y narcotraficantes.
María Nela Prada señaló que “durante esa nefasta gestión” se cometieron una serie de delitos y que el narcotráfico aumentó “drásticamente” en el país.