La Paz, 10 de agosto de 2021
El secretario general de la fiscalía general del Estado, Edwin Quispe, en esta jornada informo a través de la Fiscalía Departamental de la ciudad de La Paz que se concluyeron con la pericia técnica sobre la funcionalidad y utilidad de los “170 respiradores españoles” que fueron adquiridos por el país. El informe concluye, que los respiradores de marca “RESPIRA DEVICE” cuentan con bastantes limitaciones técnicas, y las mismas no pueden ser usados en Cuidados intensivos de servicio COVID 19 o no COVID.
“El Ministerio Público en estricto cumplimiento a la labor constitucional de defensa de los intereses de la sociedad, dentro del caso denominado “Respiradores Españoles” suscitado en la gestión 2020, viene desarrollando una labor exhaustiva de investigación que permita identificar a los responsables del manejo irregular del erario público de beneficiarse y lucrar con el sufrimiento del pueblo boliviano”, dijo el secretario general de la fiscalia.
Así mismo sostuvo que, entre las varias limitaciones técnicas identificadas están: 1) no cuentan con modos ventilatorios; 2) No tiene ajuste o la opción trigger (sensibilidad de disparo), una característica muy importante para que el ventilador detecte varios esfuerzos inspiratorios realizados por el paciente a efectos de que el médico terapista pueda pasarlo a otro modo ventilatorio como fase de destete; 3) No tiene visualización de medición de FIO2 (porcentaje de medición de oxígeno), aspecto fundamental para pacientes críticos; 4) Tampoco cuenta con Blender o mezclador de oxígeno/aire comprimido medicinal, entre otros aspectos.
“En cuanto a los accesorios del equipo principal, la falta del sensor de FIO2 externo y del mezclador de oxígeno hace disfuncional a este ventilador pulmonar. Por ello, ante la inexistencia de estas características elementales, el Respirador Respira Device no puede ser utilizado técnicamente en Unidades de Cuidados Intensivos de servicio COVID – 19 o no COVID”, enfatizo Quispe.
El funcionario del ministerio público hizo conocer que las investigaciones, dieron por concluido un dictamen Pericial en Auditoria Forense, la cual establece la existencia de un daño económico de mas de 15 millones de bolivianos.