La Paz, 5 de agosto de 2022
Los líderes de la “paraestatal” Resistencia Juvenil Cochala (RJC) Yassir Molina, los hermanos Mario y Fabio Bascopé, y Milena Soto serán llevados a juicio oral en septiembre. La Fiscalía pedirá una condena de 20 años de cárcel contra los acusados de provocar en 2020 destrozos en la Fiscalía General del Estado y disturbios en Sucre.
El fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava, confirmó el inicio del juicio contra los cabecillas del grupo violento que en Cochabamba se trasladaba en motocicletas y golpeaba, en el momento más alto de violencia en el gobierno de la expresidenta de facto Jeanine Áñez, a las mujeres de polleras y a quienes salían en apoyo al expresidente Evo Morales.
“En el mes de septiembre está señalada esta audiencia donde estamos a la espera y que se pueda desarrollar sin ninguna dificultad y en el marco de la celeridad”, sostuvo Nava sobre el juicio penal contra los cuatro principales acusados.
Molina es el principal líder de este grupo “paraestatal”, como fue calificado en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que indagó sobre los hechos de violencia y muerte de 2019 ocurridos antes y durante el golpe de Estado que acabó con la dimisión forzada del expresidente Morales.
En mayo se conoció la acusación formal, donde se pide 20 años de cárcel. Molina es acusado por la comisión de los delitos de organización criminal; tenencia, portación y uso de armas de fuego convencionales; atentado contra bienes públicos; privación de libertad; impedir y estorbar el ejercicio de funciones; destrucción y deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional y daño calificado.
Se encuentra recluido en la cárcel de Oruro, mientras que los hermanos Bascopé están en la cárcel de Sucre. Soto se benefició con detención domiciliaria en Cochabamba.
El Ministerio de Gobierno es parte de la denuncia y en un comunicado del 27 de mayo recordó que “operaron como grupo armado para atentar contra la seguridad interna del Estado y cometer delitos que van desde secuestro, tortura, vejámenes, privación de libertad, discriminación, atentados contra la salud, destrucción o deterioro de bienes del Estado y de la riqueza nacional en la ciudad de Sucre, así como tenencia, fabricación y ensamblado de armas de fabricación artesanal o casera, más conocidas como bazucas”.
En su informe sobre la violencia y violación de derechos humanos en Bolivia, el GIEI sugirió al Estado boliviano desarticular los grupos “parapoliciales” que tuvieron activa participación en la persecución y violencia contra funcionarios y movimientos sociales en 2019, entre ellos la RJC liderada por Molina.
“Vamos a estar a la espera del desarrollo (de la audiencia), el Ministerio Público irá a fundamentar y aprobar justamente los cimientos que tiene esta acusación para poder buscar una sentencia”, aseguró Nava en un reporte de Radio La Plata de Sucre.
A fines de mayo se amplió la denuncia contra Mario S.S. y Ayda R.L.T. por presuntamente haber participado, en calidad de cómplices, en los destrozos a la Fiscalía General del Estado.